Del abogado reactivo al socio estratégico
LA IMPORTANCIA DE UNA ASESORÍA LEGAL PREVENTIVA
Por Mario VergaraB./ Abogado- Magister en Derecho de Empresas con Mención en Derecho Tributario
Durante décadas, la relación entre las empresas y sus abogados ha seguido un patrón casi inalterable, y es que el abogado aparece cuando el problema ya existe. Una demanda notificada, una fiscalización inesperada, un conflicto societario desbordado o una multa en curso. En ese escenario, el profesional del derecho es convocado no como parte del diseño del negocio, sino como un último recurso, con un margen de acción limitado y bajo una lógica estrictamente defensiva. Más que evitar daños, su rol se reduce a contenerlos.
Este modelo reactivo, arraigado en nuestra cultura jurídica, ha demostrado ser ineficiente y costoso. No sólo por los honorarios asociados a litigios o sanciones, sino porque, en la mayoría de los casos, llega tarde, cuando el error ya se cometió y las decisiones mal adoptadas han generado consecuencias económicas, reputacionales y operativas complejas de revertir.
En contraste, la experiencia comparada en economías desarrolladas ha consolidado un enfoque radicalmente distinto, basado en la asesoría legal preventiva como parte estructural de la gestión empresarial. En estos modelos, el abogado deja de ser un actor externo y episódico para transformarse en un socio estratégico permanente, integrado a la toma de decisiones relevantes del negocio e incluso a los órganos de dirección.
En países como Estados Unidos, Canadá, Alemania o el Reino Unido, es habitual que empresas –incluidas pequeñas y medianas organizaciones– cuenten con asesoría legal continua orientada a la prevención de riesgos. La revisión temprana de contratos, los programas de cumplimiento normativo, la prevención de contingencias laborales o regulatorias y el análisis legal de nuevas líneas de negocio forman parte del quehacer cotidiano. El objetivo está muy bien definido, y se trata de litigar menos y solo cuando resulta estrictamente inevitable.
Este enfoque permite reducir la exposición a conflictos y sanciones, generando ahorros reales y medibles. Cada contrato mal redactado, cada relación laboral informal o cada omisión regulatoria suele transformarse, más temprano que tarde, en un costo muy superior al que habría implicado una revisión legal oportuna. En términos simples, prevenir es mucho más barato que corregir.
Pese a ello, en nuestro medio aún persiste la idea de que la asesoría legal preventiva es un gasto innecesario o un privilegio reservado a las grandes empresas. Nada más lejos de la realidad. Son precisamente las pequeñas y medianas empresas las más expuestas a errores legales básicos, contingencias que, en la mayoría de los casos, podrían evitarse con una asesoría clara, cercana y orientada al negocio, y no únicamente al conflicto.
Romper este esquema implica comprender el derecho como una herramienta de gestión y no como un mecanismo de reacción, es decir, como un sistema permanente de prevención y optimización de decisiones. Porque el derecho, bien utilizado, no es un costo, es una inversión, y su mayor valor está en actuar a tiempo.
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