LEY DE INSOLVENCIA
Un nuevo comienzo sin deudas
Por Rebeca Pohl González /Abogada, Liquidadora Concursal
¿Sabías que en Chile existe un procedimiento legal que permite a personas y empresas salir de un estado de insolvencia y volver a empezar?. Aunque la Ley N° 20.720 —conocida como la “Nueva Ley de Quiebras”— funciona desde 2014, todavía muy pocas personas la usan. Mientras más de 34 mil chilenos y empresas han iniciado este camino, casi 4 millones siguen con deudas morosas según el último informe de la USS y Equifax. ¿La razón? En muchos casos, simplemente nadie les cuenta que esta alternativa existe o cómo funciona.
Esta ley permite que personas naturales y jurídicas se sometan a un proceso de liquidación voluntaria, lo que puede terminar extinguiendo deudas vencidas y eliminando su registro en el Boletín Comercial-DICOM. ¿Magia? No. En mi práctica profesional como Liquidadora Concursal he visto cómo una asesoría poco rigurosa —o basada en información incompleta— puede llevar a los deudores a procedimientos mal gestionados o decisiones que, lejos de solucionar el problema, generan nuevas dificultades. Por eso es fundamental que el acompañamiento legal sea especializado, no solo por los aspectos técnicos del proceso, sino porque existen consecuencias civiles e incluso penales cuando se actúa de mala fe o con desconocimiento. Antes de iniciar un proceso de insolvencia, siempre recomiendo tener muy claro dos puntos esenciales:
1. No todas las deudas desaparecen La sentencia final no extingue obligaciones como pensiones de alimentos, compensaciones económicas por divorcio, indemnizaciones civiles derivadas de delitos o cuasidelitos, multas penales ni ciertas sanciones especiales. Y un tema importante: las deudas por créditos estudiantiles —CAE, Fondo Solidario o internos universitarios— también quedan fuera.
2. No puedes vender bienes libremente Una vez dictada la Resolución de Liquidación, pierdes la administración de tus bienes, y el Liquidador Concursal pasa a hacerse cargo de ellos para pagar a los acreedores. Además, operaciones realizadas antes del procedimiento pueden revisarse o incluso anularse si se estima que perjudicaron a los acreedores. Y si existiera intención de ocultar bienes, hablamos derechamente de un problema penal.
La Ley 20.720 es una herramienta valiosa, pero no mágica. Bien utilizada —con información clara, asesoría adecuada y total transparencia— puede marcar la diferencia entre seguir atrapados en las deudas o volver, por fin, a respirar.
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